Pablo Gallardo, el demandante.

Ha quedado visto para sentencia el juicio contra el abogado de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) acusado de mala praxis en un proceso de divorcio de mutuo acuerdo. Unos 40 minutos han bastado para que el juez tenga elementos suficientes para valorar un asunto que se inició hace ya más de dos años, primero con una queja ante el Colegio de Abogados de Terrassa y segundo, y a causa de la demora de éste, con una demanda judicial. En la vista han participado tres testigos, uno por parte de la acusación y dos por la de la defensa.

EL ABOGADO NIEGA QUE EL DEMANDANTE ESTUVIESE DESASISTIDO

Lluis Calsina Salavert no se sentó en el banquillo de los acusados. El abogado con 25 años de ejercicio profesional y ahora acusado de mala praxis, ocupó un lugar en el estrado y se defendió a sí mismo. Preguntado por la letrada de la acusación, Carmen Huguet, Calsina reconoció que intervino en el proceso de separación de mutuo acuerdo de Pablo Gallardo y Nilvia Castillo en el año 2015 y aseguró que asistió legalmente a ambos cónyuges “en todo momento”.

Una vez que la abogada de la acusación leyó en voz alta el correo electrónico de fecha 17 de junio de 2015 (sólo dos días antes de realizar en el juzgado el trámite de ratificación del convenio regulador), en el que el propio Lluís Calsina le “recordaba” a Pablo Gallardo que no era su cliente, el acusado se defendió diciendo que la persona que acudió a su despacho fue la mujer “y luego ellos acordaron” los términos de la separación.

Este correo electrónico, a través del cual Calsina se desentiende de Gallardo, es una prueba documental de peso en el proceso. En esencia, porque deja bien claro que el abogado que intervino en la separación de mutuo acuerdo se desentendió de una de las partes. Frases como “Debo recordarle que usted no es mi cliente, es su esposa, que es quien contrató mis servicios y quien abona mis honorarios”, “Usted se limitó a firmar un convenio regulador de divorcio, cuyo efecto único es precisamente el divorcio, con lo cual usted es muy libre de proceder a ratificarlo el próximo día 19 de junio o no hacerlo” o “Mi único interés en este pleito, como en todos los que tramito, es el de defender los intereses de mi cliente”, ayudan a entender porqué el hombre sintió que, a partir de ese momento, podía considerarse legalmente desatendido.

Esta interpretación, que a priori se antoja como la más lógica, contrasta sin embargo con la del propio acusado, quien en el juicio afirmó que Gallardo no tenía porqué entender que no era su cliente.

Sea como fuere, el caso es que el día de la ratificación del convenio regulador, que tuvo lugar el 19 de junio de 2015, Gallardo se personó en los Juzgados de Terrassa sin saber muy bien a qué se iba a tener que enfrentar. Según la acusación, Lluís Calsina dijo a viva voz a la funcionaria judicial que les atendió, “y delante de todos”, que el hombre no era su cliente. Y siendo coherente con el contenido de su correo electrónico, “se despreocupó totalmente de él”. Tanto es así, que el propio afectado solicitó en su día al juzgado que le remetiera a su domicilio la sentencia de divorcio, ante el temor de no recibirla de manos del abogado.

Calsina, quien en el juicio negó todos estos hechos, aseguró que actuó en representación de ambos cónyuges, porque no llegó a presentar formalmente la renuncia. Es cierto que no lo hizo, pero tampoco hay ningún escrito posterior al polémico correo electrónico en el que el abogado aclarase a Gallardo si le asistiría o no. “Estuvo asistido en todo momento, aunque era muy libre de contratar a otro abogado”, apostilló el acusado en el juicio.

EL DECANO DICE QUE YA HAY RESOLUCIÓN DE LA QUEJA, PERO NO LA APORTA

Ignasi Puig Ventalló, decano.

El decano del Colegio de Abogados de Terrassa fue el primer testigo en declarar. Ignasi Puig Ventalló, que ocupa este cargo desde el año 2014, afirmó ser conocedor de la queja presentada por Pablo Gallardo ante ese órgano colegial, que le asignó el número de expediente 2/2016.

Durante su testimonio, y a preguntas de la abogada de la acusación, el máximo responsable del Colegio de Abogados intentó eludir cualquier responsabilidad en la tramitación de la queja. Para ello, echó balones fuera asegurando que la gestión de ésta corresponde, única y exclusivamente, a la Comisión de Deontología.

Ignasi Puig Ventalló incurrió en sutiles contradicciones. Primero aseguró que ignoraba el procedimiento que la comisión había seguido en este caso concreto para, inmediatamente después, añadir: “la comisión tiene sus obligaciones y a mí, como decano, me corresponde velar porque se cumplan”. Si no conoce cómo trabaja la comisión en cada asunto, ¿cómo puede velar porque ésta cumpla su cometido?

Ante la insistencia de la abogada acerca del retraso producido en la resolución de la queja de Gallardo (dos años ya), Ignasi Puig Ventalló respondió sin inmutarse que “los casos se pueden demorar”, aunque no especificó la razón para que pudiera producirse una demora similar. Recordemos lo dicho por el propio testigo anteriormente: “la comisión tiene sus obligaciones y a mí, como decano, me corresponde velar porque se cumplan”. Por lo que se ve, alguien no está cumpliendo con su cometido…

Para finalizar su testimonio, el decano del Colegio de Abogados se refirió a la existencia de una resolución para la queja de Gallardo. “Debe ser recientemente”, le espetó irónicamente la abogada de la acusación. “Muy recientemente”, respondió Ignasi Puig Ventalló. Tan recientemente, que ni la parte afectada había recibido notificación alguna antes de la vista oral, ni al parecer el propio testigo había tenido tiempo de imprimir una copia del documento para aportarla al juicio con el fin de dar fuerza a su declaración.

EL TESTIGO QUE EL DÍA DE LOS HECHOS ESTABA EN EL JUZGADO

Josep Miquel Ribera se encontraba en el Juzgado de Terrassa el día que ocurrieron los hechos. En el juicio contra el abogado declaró que aquel 19 de junio de 2015 escuchó cómo una funcionaria le preguntaba a Lluís Calsina si representaba a las dos partes y éste le contestó, de malas maneras, que no. El testigo añadió que la situación le llamó la atención.

EL PROCURADOR COBRÓ SUS HONORARIOS DEL ACUSADO

El procurador que intervino en el proceso de divorcio de mutuo acuerdo fue el último testigo en declarar. Francisco Sánchez García, aseguró que Lluís Calsina defendió los intereses de Pablo Gallardo asistiéndole como letrado y negó recordar que el acusado dijera en voz alta que sólo defendía a una de las partes.

A preguntas de la defensa, parte que le había citado como testigo, reconoció haber cobrado sus correspondientes honorarios por haber participado en el proceso de divorcio de mutuo acuerdo. “¿Quién se los pagó?”, le preguntó Lluís Calsina. Y él respondió: “El señor Calsina”.

LAS CONCLUSIONES

En opinión de la acusación, en el juicio oral ha quedado “plenamente acreditado que la reclamación está ajustada a derecho” y que el comportamiento del abogado Lluís Calsina en aquel proceso de divorcio de mutuo acuerdo “no fue ajustado a las normas deontológicas”, puesto que no cumplió con “el encargo dado”.

Por el contrario, en el ejercicio de su propia defensa, Lluís Calsina pidió que el asunto se declare prescrito. El abogado ahora acusado dijo que no existe ningún escrito de renuncia a la defensa de los intereses de Pablo Gallardo y añadió que éste, a pesar de todo, ratificó el convenio regulador de divorcio. “Si supuestamente se hubiera sentido tan desamparado, podía no haberlo hecho”, matizó. Calsina volvió a insistir en que “los gastos fueron abonados por la mujer” y pidió al juez que le condene al pago de las costas por su “manifiesta temeridad y mala fe”.

En declaraciones a ivalles.cat, Pablo Gallardo ha afirmado que no se rendirá fácilmente. Llegado hasta donde ha llegado por una queja no resuelta más de dos años después de presentada en el Colegio de Abogados de Terrassa, no descarta que el asunto acabe llegando a la Audiencia Provincial de Barcelona. Este diario digital ha podido saber que, como anticipo, el hombre ya prepara una demanda contra el procurador por “haber mentido en sede judicial” durante el juicio.

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