El suicidio de un enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), conocido hoy, ha reabierto el debate sobre la necesidad de aprobar una ley de suicidio asistido y eutanasia que despenalice la “colaboración necesaria” para que una persona pueda poner fin a su vida por decisión propia.

José Antonio Arrabal, vecino de Alcobendas (Madrid), diagnosticado desde 2015 de esta enfermedad degenerativa e incurable, se suicidó delante de una cámara de vídeo “indignado” por “tener que morir en la clandestinidad“, según sus propias palabras, para reclamar el suicidio asistido y la eutanasia, según ha informado El País.

Este paciente llevaba meses planeando su suicidio, que llevó a cabo el pasado 2 de abril a través de la ingesta mediante una pajita de dos frascos de medicamentos adquiridos por internet, aprovechando que su familia no estaba en casa.

Este paciente llevaba meses planeando su suicidio, que llevó a cabo el pasado 2 de abril

A partir de este momento, al igual que ocurre en cualquier suicidio, intervendrá un juez al considerarse una muerte violenta para descartar que se haya cometido un delito.

En concreto, el Código Penal, en el artículo 143.4 establece que “el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufra unaenfermedad grave que condujera necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar” será castigado con pena de prisión.

En este caso, Arrabal “conservaba cierto grado de autonomía, la suficiente como para proveerse de los medios y llevar a cabo su decisión de morir de forma autónoma”, por lo que, “no hay ninguna duda sobre la participación de un tercero” que pueda suponer un delito y el caso será sobreseído.

Distinto fue el caso del gallego José Luis Sampedro, que estaba tetrapléjico, y en el que “quedaba claro” que no podía haber llevado a cabo su suicidio sin la “cooperación necesaria”.

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